Resumen. Tras la lucha revolucionaria, la reorganización de la vida nacional exigió la implementación de un nuevo marco legal vinculado, entre otras cosas, a un despliegue de esfuerzos gubernamentales e intelectuales en aras del establecimiento de un determinado tipo de conductas afines a los intereses políticos, económicos y éticos defendidos por el nuevo estado.
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El fortalecimiento de instituciones de control social y la definición de una ética posrevolucionaria se fue configurando y sistematizando con las propuestas higienistas y eugenésicas en boga para los años veinte, cifrada en la idea de una salud pública carente de ciertas prácticas y costumbres consideradas envilecedoras y perniciosas (por ejemplo, alcoholismo, prostitución, violencias, crimen). Al respecto, los encuentros entre las instituciones judicial y psiquiátrica abonaron a dicha inquietud con los conceptos del sujeto peligroso y de la defensa social, en particular en torno al enfermo mental que había delinquido o que podía llegar a hacerlo, sobre todo en casos de crímenes violentos o sexuales que resultaban excesivos o injustificados.
En este contexto, me interesa analizar los argumentos penales, judiciales, criminológicos y psiquiátricos, mediante los cuales se configuraba la concepción de la enfermedad mental peligrosa, esto es la locura criminal. Igualmente, importante será estudiar y comprender hasta qué punto y en qué formas delictivas la mirada psiquiátrica logró tener mayor incidencia en la decisión de los jueces penales para que éstos aceptaran la eximente penal; y, por último, conocer los mecanismos de resistencia y negociación implementados por los detenidos.
Para ello, me serviré de peritajes psiquiátricos, procesos judiciales e historias clínicas, así como de tesis y revistas especializadas en criminología y psiquiatría del periodo.
Martha Santillán, Instituto Mora (México)